EL RIGI Y SUS POSIBLES RIESGOS PARA TRASLASIERRA
El Régimen de Incentivos a las Grandes Exportaciones (RIGI) promete atraer inversiones, pero en Traslasierra podría facilitar la depredación de recursos naturales, aumentar la criminalización de luchas ambientales y ofrecer escasos beneficios económicos sostenibles para la región.
Por José María Ligarribay.
Algo que ha sonado mucho en los medios nacionales es el Régimen de Incentivos a las Grandes Exportaciones, o por sus siglas RIGI. De acuerdo con el Gobierno Nacional, este régimen tiene como objetivo atraer grandes inversiones, tanto nacionales como internacionales, otorgando beneficios como estabilidad cambiaria, financiera y aduanera por un plazo de 30 años.
Los beneficiarios serán aquellos que decidan invertir un mínimo de 200 millones de dólares en áreas como la industria forestal, infraestructura, minería, tecnología, turismo, siderurgia, energía, gas y petróleo.
Dentro del marco de estabilidad, algunas de las facultades que se les otorgan incluyen exenciones en Ganancias e IVA, lo que reduce su carga tributaria. Además, sus exportaciones estarán exentas de retenciones durante el primer año, con un aumento muy gradual en estas áreas después de ese período. También se les permite importar insumos, dejando parcialmente de lado la producción nacional. Por otro lado, se les facilita la disposición de su stock en dólares sin la obligación de liquidarlo en el país.
Esto, por supuesto, agrava aún más nuestro sistema tributario, haciéndolo más regresivo, donde aquellos con menores recursos deben hacer un mayor esfuerzo fiscal en comparación con quienes más tienen.
Además, las controversias legales podrán dirimirse en tribunales extranjeros bajo el tristemente célebre CIADI.
Hasta aquí hemos dado un muy breve pantallazo de lo que implica el RIGI, pero ¿qué consecuencias podría traer para Traslasierra? Primero, es necesario aclarar que, por el momento, la provincia de Córdoba no ha adherido al RIGI. Sin embargo, esto no significa que dentro del Gobierno provincial, y en ciertos sectores de la oposición, no se esté considerando una pronta adhesión. Las provincias de Río Negro, Mendoza, Chubut y San Juan ya lo han hecho.
Para Traslasierra, la adhesión al RIGI no sería nada positiva, primero porque implicaría la depredación de los recursos naturales. Recordemos que ya hemos librado luchas ambientales contra la minería, y seguimos defendiendo el agua de la exportación, tanto extranjera como local, al igual que el monte nativo frente a la industria inmobiliaria.
Sin el RIGI, ya vemos cómo los recursos naturales de nuestro valle están en peligro, y cómo los luchadores ambientales son muchas veces criminalizados. Bajo la legislación del RIGI, la depredación sería aún más accesible para los grandes grupos de poder, y la represión a la resistencia se intensificaría.
Algunos me dirán, en tono conciliador, que esto podría generar empleos. Sin embargo, la realidad es que no. Este tipo de sistemas extractivistas no son fuentes de empleo. Si lo fueran, países como Angola o Nigeria, con regímenes similares, ya serían potencias.
El camino primero está en defender el ambiente, porque sin él no es posible desarrollar un proyecto sustentable.
Las comunidades que habitan el territorio son elementos centrales para pensar un desarrollo humano sostenible. En ese sentido, hablamos de una democracia económica, no de caer en un autoritarismo de corte colonial que imponga qué explotar y cómo hacerlo.
El desarrollo económico debe basarse en la defensa de lo que es nuestro. Los países que hoy son considerados del mundo desarrollado comenzaron protegiendo sus recursos estratégicos y luego fomentaron su industrialización.
Traslasierra debe estar preparada para defender lo que le pertenece.